Fedea carga contra el impuesto a energéticas y bancos : «Ha superado las peores expectativas»

– Pide que formule una nueva propuesta y critica también el impuesto a las grandes fortunas

MADRID, 08 (SERVIMEDIA)

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) cargó este martes contra el gravamen extraordinario a energéticas y bancos impulsado por la coalición de Gobierno, lamentando que «ha superado las peores expectativas», por lo que pidió al Ejecutivo que retire la propuesta actual y tramite una nueva.

Fedea realizó esta apreciación en su último boletín de análisis de la situación económica actual, presentado este martes, y en el que censura que el texto renuncie incluso a ligar los nuevos gravámenes con la cuantía de los «supuestos beneficios extraordinarios que en principio los justifican, convirtiéndolos así en exacciones claramente arbitrarias desde cualquier perspectiva que tienen muy mal encaje en un Estado de derecho».

«Para evitar una larga disputa legal y la posibilidad de males mayores, convendría retirar la propuesta actual y tramitar un nuevo texto. Este debería adecuarse a lo establecido en la reciente propuesta de reglamento europeo sobre el tema, en la que el gravamen extraordinario se restringe a ciertas empresas energéticas y se liga a los beneficios extraordinarios realmente obtenidos por las mismas, en vez de calcularse como un porcentaje de sus ingresos totales, como se hace en la propuesta del Gobierno», abunda Fedea en su boletín.

Además, avisa de que también «plantea problemas legales y políticos» el anunciado ‘impuesto de solidaridad’ sobre las grandes fortunas, cuya introducción «parece estar motivada fundamentalmente por el deseo de imponer a ciertas comunidades autónomas las preferencias tributarias del actual Gobierno central».

Según Fedea, tal como se ha diseñado el nuevo tributo, las comunidades autónomas tendrían todos los incentivos para recuperar e incluso subir su propio impuesto para patrimonios superiores al umbral estatal, pues lo que no cobren ellas se lo llevará el Estado sin que haya ahorro alguno para sus ciudadanos.

Por lo tanto, defiende que el nuevo tributo «limita por la puerta de atrás» la capacidad de las comunidades de modular la fiscalidad sobre el patrimonio que les confiere la normativa vigente, lo que podría ser motivo de «inconstitucionalidad», o de «nulidad por invasión de competencias».

«Además de recurrir el impuesto, algunas comunidades podrían seguir la misma estrategia que el Gobierno central y tomar medidas que traten de anular en la práctica los efectos de las disposiciones estatales. Se abriría así una guerra de guerrillas fiscal entre administraciones que no beneficiaría a nadie», añade esta organización.

REBAJA DEL IRPF

Sin embargo, realizó una valoración más positiva de la rebaja del IRPF para las rentas bajas, pues ayuda a sostener las rentas de los hogares más vulnerables sin debilitar las señales de precios que incentivarían los ajustes que exige la nueva situación energética. Eso sí, cree que la forma elegida para instrumentar la rebaja es «claramente mejorable».

Según este análisis, se ha optado por actuar a través de la reducción de la base imponible por rendimientos del trabajo, incrementando su cuantía y elevando el umbral para su desaparición. «Se potencia así un beneficio fiscal de muy cuestionable diseño que eleva el tipo marginal efectivo de gravamen hasta el 60% para un tramo de renta en torno a los 20.000 euros, lo que no parece muy lógico», apuntó Fedea.

«Entre las últimas medidas fiscales anunciadas por el Gobierno se incluyen algunas disposiciones poco meditadas, técnica y legalmente problemáticas, con una fuerte carga ideológica y clara motivación electoral. Convendría reconsiderar estas medidas y adoptar un planteamiento más neutro que parta de un cuidadoso diagnóstico de las debilidades de nuestro sistema fiscal», apuntala Fedea.

MEDIDAS ANTICRISIS

Por otro lado, esta organización analiza también las medidas que el Gobierno ya adoptó hace meses para tratar de hacer frente a los efectos de la inflación, acelerada por la guerra en Ucrania. Recordó que los presupuestos de 2023 recogen solo la prórroga de la medida de gratuidad del transporte ferroviario.

Sobre el resto de medidas, Fedea subraya que se deben «eliminar» las subvenciones energéticas de carácter directo y universal «por su elevado coste y sus negativos efectos de incentivación del consumo mediante una reducción artificial de los precios que no resuelve el problema subyacente».

También sostiene que convendría reconsiderar también la gratuidad total de ciertos transportes públicos, aunque manteniendo niveles elevados de subvención, e introducir en las ayudas selectivas cláusulas que incentiven el ahorro energético, en línea con lo que se ha hecho en la nueva tarifa de último recurso de gas natural para las calderas comunitarias, en la que el descuento se limita a un consumo no superior a la media de los últimos cinco años, estableciéndose un recargo del 25% por encima de ese nivel.

De esta forma, considera que el margen disponible para la reorientación de las medidas paliativas ante la inflación es «muy considerable» ya que, según los cálculos de Fedea, las rebajas de los impuestos y cargos eléctricos y la bonificación a los carburantes tendrán un coste total cercano a los 17.000 millones de euros durante 2022.

«Esta suma permitiría financiar ayudas directas muy importantes a los hogares de rentas bajas y medias sin distorsionar las señales de precios que incentivan el ahorro de energía y la inversión en renovables», remarca Fedea.

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