MADRID, 15 (SERVIMEDIA)
Este próximo sábado, 21 de mayo, concluirá la fase de consulta pública previa a la elaboración del proyecto de ley que modificará la legislación actual en materia de empresas de inserción, con el fin de actualizarla para que estas compañías puedan seguir atendiendo su «función social».
De esta forma, ciudadanos, empresas y organizaciones sociales pueden plantear sus ideas hasta este sábado para reformar la Ley 44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas de inserción.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social pone en valor la aportación de la legislación aprobada en 2007, pero asegura que es «necesario adecuar la normativa estatal para impulsar la consolidación de esta fórmula empresarial inclusiva y sostenible en todos los territorios», porque realizando los ajustes necesarios podrán desplegar mejor su «potencial transformador».
En este sentido, Trabajo indica que al establecer unas condiciones comunes favorables y eliminar «rigideces normativas» se promueve el crecimiento de estas empresas de inserción.
ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL
En concreto, la reforma de la Ley de empresas de inserción pretende renovar el marco normativo de esta fórmula de economía social, ajustando este modelo «eficaz» a las nuevas circunstancias económicas y sociales. Asimismo, busca actualizar el colectivo de personas que pueden ser contratadas por las empresas de inserción.
Igualmente, persigue poner al día un marco de contenidos mínimos, común para todo el Estado, de los itinerarios de inserción, causa y objeto de la contratación de las personas sujetas a factores de riesgo de exclusión y de los que dependen la mejora de su empleabilidad.
Incorporar ajustes en la norma sobre la ratio de personas trabajadoras que acompañan y garantizan el cumplimiento de la finalidad de ese itinerario de inserción, «conciliar» los principios objetivos de la reforma laboral, hacer los ajustes necesarios en el funcionamiento interno de las empresas de inserción para garantizar su competitividad de forma coherente con los principios que las mueven, y promocionar a estas empresas como agente económico y social eficaz, al servicio de las políticas de toda las administraciones públicas son otros de los objetivos.
Según Trabajo, estas actuaciones están alineadas con el Plan de Acción Europeo para la Economía Social, que reconoce a las empresas de inserción como un tipo de empresa social común en toda Europa, especializada en ofrecer oportunidades de trabajo a las personas desfavorecidas y con fuerte impacto social.
La economía social en España representa alrededor del 10% del Producto Interior Bruto (PIB) y genera más de dos millones de empleos, englobando más de 43.000 empresas.
