MADRID, 30 (SERVIMEDIA)
El 32% de las empresas españolas está de acuerdo con vincular las pensiones al Índice de Precios al Consumidor (IPC) para evitar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas, mientras que otro 33% está de acuerdo en vincular las pensiones al IPC, pero únicamente las mínimas o no contributivas.
Así se desprende del VI estudio ‘Situación de las pensiones en España’ elaborado por la consultora KPMG, elaborado con el objetivo de «tomar el pulso al mercado acerca de su visión sobre la previsión social complementaria, incluida la reforma que se está llevando a cabo en el sistema de pensiones en España».
El 35% restante, por el contrario, se mostró a favor de limitar los crecimientos de las pensiones a un crecimiento máximo para controlar el gasto del sistema. En total, el 76% de las empresas afirmaron conocer el impacto de la vinculación del crecimiento de las pensiones a IPC.
En cuanto a las reformas introducidas recientemente en el sistema de pensiones, seis de cada diez empresas aseguraban no conocer el derogado factor de sostenibilidad introducido por el Gobierno de Mariano Rajoy, pero hasta un 75% reconoció desconocer en qué consiste el mecanismo de equidad intergeneracional de aplicación a partir de 1 de enero de 2023.
Entre las nuevas medidas, destaca el complemento vitalicio por año de prolongación del 4% adicional a la pensión de jubilación a percibir de manera vitalicia en caso de alargar la vida laboral. No obstante, el 70% lo considera insuficiente, de los cuales más de la mitad (52,7%) requeriría un complemento adicional de al menos el 10% para prolongar un año el acceso a la jubilación.
Respecto a los planes de pensión privados, el estudio pregunta por el conocimiento acerca de las nuevas figuras reguladas en la ley, los planes de pensione simplificados y los fondos de pensiones de empleo de promoción pública, que solo son conocidos por un 26% y un 33% de las empresas participantes.
No obstante, más de la mitad de las compañías (52%) asegura que los fondos de pensiones de empleo de promoción pública promovidos y supervisados por el Gobierno «pueden contribuir al desarrollo y crecimiento de la previsión social complementaria».
Según la consultora, la nueva norma «simplifica el procedimiento que han de llevar a cabo las empresas para promover un plan de pensiones de empleo» y limitan «los costes de gestión que podrán aplicar las gestoras de los planes de pensiones incluidos en los fondos de pensiones de empleo de promoción pública».
Así, el 48% de los participantes en el estudio cree que los empleados de su empresa estarían a favor de que parte del incremento salarial fuese destinado a financiar aportaciones a sistemas de ahorro para la jubilación.
En cuanto a las modificaciones de los límites de aportación en los planes de pensiones individuales, que pasaron de 2.000 a 1.500 euros en 2022, el 78% afirma saber cómo le impacta el cambio en el límite y un 81% considera que la modificación de aportación «va a limitar la capacidad de ahorro hacia planes de pensiones».
PLANES EN EMPRESAS
En la actualidad, el 28% de las compañías cuenta con un plan de previsión para sus empleados, un punto básico más respecto al año anterior, siendo el coste medio que asumen las empresas para destinar al plan de jubilación de sus empleados del 3,8% de la masa salarial. Los sectores con mayor protagonismo en el desarrollo de la previsión social complementaria son el financiero y el de la energía; los que menos, transporte y logística e industria.
No en vano, el 35% de las compañías tiene en su agenda a medio plazo la toma de medidas para planificar la jubilación de sus empleados. En este sentido, el 71% de las empresas estaría dispuesto a realizar una aportación sobre el salario de sus empleados con el objetivo de destinarlo al ahorro para la jubilación de estos.
A nivel individual, un 98% de los participantes en la encuesta manifiesta preocupación por su futura jubilación y, en concreto, un 65% declara un elevado grado de preocupación. Por su parte, dos de cada tres empresas advierten de que sus empleados no disponen de información en relación con la futura pensión y la edad a la que éstos podrán jubilarse.
El director responsable del área fiscal de Pensiones de KPMG Abogados, Álvaro Granado, subrayó que «la transparencia en la información sobre el impacto que las medidas incorporadas en la reforma de la Seguridad Social tendrán en las futuras pensiones de jubilación va a ser clave para conseguir el crecimiento de los planes de pensiones promovidos por las empresas como complemento necesario a la Seguridad Social. Para que las empresas y los particulares puedan decidir sobre la puesta en marcha de un plan de pensiones privado sería aconsejable conocer el importe estimado de la pensión de jubilación de la Seguridad Social».
