Personas con discapacidad intelectual exigen medidas contra el desempleo, que supera el 80% en su colectivo

– En la campaña de Plena inclusión ‘Mucho más que un dato’

MADRID, 02 (SERVIMEDIA)

Personas con discapacidad intelectual protagonizan la nueva campaña de Plena inclusión España «Mucho más que un dato», que denuncia que el 82% de este colectivo no tiene trabajo y reclama soluciones para fomentar su inserción laboral.

A través de vídeos breves, de carteles y de un manifiesto compartidos en redes sociales, los protagonistas llaman la atención sobre «unos datos terribles», detrás de los cuales «hay miles de personas y sus familias».

Con motivo del íDa Internacional de las Personas con Discapacidad que se celebra mañana, 3 de diciembre, Plena inclusión subraya que solo el 17% de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tienen un trabajo. «Y cuando lo tienen, cobran casi un 18% menos que las personas sin discapacidad», agregó.

Por ello, esta iniciativa busca reivindicar el derecho de todas las personas con discapacidad intelectual a acceder a un empleo, también «las que tienen grandes necesidades de apoyo». Entre estas últimas, solo el 4% trabaja.

En esta línea, la campaña apela también a empresas y sindicatos para que sean «generosos y colaboren para generar las condiciones que favorezcan una mayor contratación de personas con discapacidad».

según Maribel Cáceres, vicepresidenta de Plena inclusión España, «la situación de paro de las personas con discapacidad en general es terrible. Y, entre todas las discapacidades, somos las personas con discapacidad intelectual las que siempre vamos las últimas».

PROPUESTAS

La campaña incluye reivindicaciones como la mejora general de las condiciones laborales del colectivo, con un aumento del salario para empezar. Propone además una mayor financiación de servicios de apoyo al empleo; el impulso de metodologías como el empleo con apoyo o el empleo personalizado, y el cumplimiento de la cuota de reserva del 2% de los puestos de trabajo en la administración pública para este colectivo, al que obliga la ley.

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También pide facilitar el acceso de las personas con discapacidad intelectual a la Formación Profesional, a la educación Secundaria y a los planes de formación en las empresas.

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