MADRID, 20 (SERVIMEDIA)
Las autoridades malayas ya han dado respuesta a la comisión rogatoria que les remitió el juez instructor del ‘caso mascarillas’, Adolfo Carretero, y le han comunicado que el empresario San Chin Choon, directivo de la empresa Leno que suministró el material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid, no está dispuesto a colaborar con la Justicia española.
Según informó ‘elDiario.es’ la respuesta está ya en manos del juez español. Chin Choon fue el contacto de Alberto Luceño y Luis Medina para el suministro de diverso material sanitario y la persona con la que los dos investigados pactaron unas comisiones que sumaron seis millones de euros de un contrato de 11 millones.
La firma de este empresario figura en los contratos de suministro de test, guantes y mascarillas que pagó la empresa funeraria municipal y la Fiscalía sospecha que esa rúbrica fue falsificada, por lo que su testimonio podría arrojar luz tanto sobre la cuantía real del material comprado como sobre la veracidad de los documentos aportados a la causa. La firma del empresario malayo figura en los tres contratos de mascarillas, test y guantes que los dos comisionistas españoles gestionaron con empresa municipal funeraria de Madrid.
Las autoridades malayas indican al juez que el empresario se niega a prestar declaración voluntaria y, por tanto, no está dispuesto a responder a la batería de 19 preguntas que se le remitieron. Explican también que, según la legislación nacional, la grabación de ese interrogatorio sólo se puede producir si la persona requerida accede a prestar declaración de manera voluntaria.
Por otro lado, el juez Adolfo Carretero ha dictado un auto en el que insta a las partes personadas en la causa a que propongan medidas económicas para lograr el embargo de los 5,5 millones de euros que se quedó Luceño en esta operación, tras comprobar que ha vendido varios de los bienes que compró con esas comisiones y que sus fondos en cuentas no llegan ni de lejos a esa cantidad.
