MADRID, 07 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Ministros aprobó este martes en primera lectura el anteproyecto de ley por el que se eleva al menos al 40% la presencia de mujeres en los consejos de administración de las empresas cotizadas y también en las grandes empresas y las entidades de interés público, incluidos los colegios profesionales.
Así lo detalló en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, que explicó que «la igualdad es uno de los vectores que guía la acción del Gobierno», y no solo por «justicia social», sino porque mejora la productividad de las empresas y fortalece el crecimiento económico.
Con el anteproyecto de Ley orgánica de representación paritaria de mujeres y hombres en los órganos de decisión, que saldrá a audiencia pública para que organizaciones y ciudadanos puedan realizar aportaciones, España hará efectiva la transposición de la directiva europea que fija este mínimo del 40% en los consejos de administración de las empresas cotizadas, aunque Calviño subrayó que la ley española «va más allá» de la directiva europea, tanto en plazo de despliegue, como en los ámbitos y en «ambición».
En concreto, las sociedades cotizadas deberán asegurar que en sus consejos de administración, al menos, habrá una representación del 40% del «sexo menos representado». El plazo máximo será el 1 de julio de 2024. En la actualidad, según Calviño, menos del 30% de los consejeros son mujeres y, en el caso de puestos directivos, la cifra cae por debajo del 20%, aunque también en este punto se deberá cumplir el requisito mínimo del 40%.
La legislación también afectará a las empresas con una facturación superior a los 50 millones de euros o con al menos 250 empleados, si bien el plazo en este caso será dos años mayor (1 de julio de 2026). El incumplimiento de este requisito, en el caso de las sociedades cotizadas, será considerado una infracción grave.
Para lograrlo, deberán adaptarse los procesos de selección para asegurar el cumplimiento de esta disposición, debiendo, en caso de empate entre varios candidatos, elegir al del sexo menos representado en el consejo.
El principio de representación equilibrada deberá cumplirse también en las juntas de gobierno de los colegios profesionales, que además deberán incluir en su memoria anual el número de miembros desglosados por sexo y, en caso de no alcanzar el porcentaje establecido, aclarar los motivos y las medidas adoptadas para alcanzarlo.
Y también deberá cumplirse en tribunales, jurados y órganos colegiados constituidos para otorgar premios o condecoraciones de la Administración General del Estado o entidades integrantes del sector público institucional estatal o cuando sean presididos por representantes de aquéllas.
ADMINISTRACIONES
En paralelo, el anteproyecto busca garantizar la representación efectiva de las mujeres en el ámbito político. Para ello, modifica la legislación electoral con el fin de establecer la obligatoriedad de las listas cremallera (candidaturas integradas por personas de uno y otro sexo ordenadas de forma alternativa) en las elecciones de miembros del Congreso, Senado, Parlamento Europeo, asambleas autonómicas, municipios, consejos insulares y cabildos insulares.
También traslada al máximo órgano ejecutivo del Estado, el Consejo de Ministros, el principio de «representación equilibrada», consistente en que ningún sexo debe tener una presencia inferior al 40% de los puestos en dicho órgano. Este principio se aplicará a la hora de nombrar a las personas titulares de las vicepresidencias y de los ministerios.
Dicho objetivo, como puso en valor Calviño, el actual Ejecutivo lo cumple «con creces», pero es algo que, según avisó, no puede quedar sometido a la «discrecionalidad» del Gobierno de turno.
Y en el ámbito de la Administración General del Estado, los órganos superiores y directivos (por ejemplo, las secretarías de Estado, las subsecretarías y las direcciones generales) de cada ministerio deberán incorporar también este principio en los próximos cinco años. La obligación se extenderá a todas las entidades del sector público estatal.
La norma tiene como objetivo también cumplir con la Agenda 2030 de Naciones Unidas basado en garantizar a las mujeres y niñas «las mismas oportunidades que los hombres y los niños en el empleo, el liderazgo y la adopción de decisiones a todos los niveles».
Asimismo, continúa la senda trazada por la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que incorporó el principio de representación equilibrada entre mujeres y hombres. Y traspone la Directiva (UE) 2022/2381 del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de noviembre de 2022 relativa a un mejor equilibrio de género entre los administradores de las sociedades cotizadas y medidas conexas.
Junto a esta medida, la vicepresidenta primera elogió otras políticas impulsadas por el Gobierno de coalición en beneficio de las mujeres, como es la reforma laboral, que ha hecho que los contratos indefinidos firmados por mujeres pasen del 9% al 41%.
Igualmente, alabó la reducción de la brecha salarial, la equiparación de los permisos de paternidad y maternidad y la aprobación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), pues la mayoría de hogares monoparentales están formados por una mujer.
«Los avances sociales se logran con leyes. Esta es la política útil que cambia la vida de la gente», apostilló la vicepresidenta económica.
