– Aunque valora los efectos positivos en la vida de las personas con la «reducción de la precariedad»
MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
El Banco de España pone en valor que, durante los más de cuatro meses que la reforma laboral lleva en vigor, «la contratación indefinida se ha acelerado significativamente» y la contratación temporal se ha reducido», aunque avisa de que esto «podría provenir tanto de la sustitución de empleo temporal por fijo como de la destrucción de empleo temporal».
Así lo pone de relieve este organismo en su Informe Anual correspondiente a 2021, en el que señala que «aún es pronto para poder evaluar el impacto de la reforma laboral».
A su juicio, este análisis deberá realizarse «en múltiples dimensiones», entre las que destaca el «impacto de la reforma sobre el empleo, dado que, en principio, la reducción de la temporalidad podría provenir tanto de la sustitución de empleo temporal por fijo como de la destrucción de empleo temporal».
«Responder a esta cuestión exigirá disponer de un período amplio sobre el que analizar las dinámicas de creación y de destrucción de empleo», explica el organismo que, eso sí, insiste en valorar positivamente la reducción de la tasa de temporalidad.
En concreto, indica que «reducir esta elevada precariedad es fundamental, pues tiene efectos económicos adversos en múltiples dimensiones», poniendo como ejemplo que «afecta al proceso de acumulación de capital humano de los trabajadores y, por esa vía, puede generar efectos muy persistentes sobre su carrera laboral». Además, advierte de que puede también perjudicar a la natalidad, a la toma de decisiones en la vida de las personas y a su bienestar emocional.
Asimismo, defiende que afrontar los «desafíos» que plantea la «precariedad laboral» es «más relevante, si cabe, en un contexto, como el actual, en el que están apareciendo nuevas formas de empleo, como, por ejemplo, el relacionado con las plataformas de comercio digital». Así, sostiene que, a pesar del desarrollo «relativamente acelerado» de estas nuevas formas de empleo, «aún se sabe muy poco sobre su importancia relativa y sobre sus implicaciones».
PACTO DE RENTAS
El organismo hace referencia al pacto de rentas entre patronal y sindicatos para destacar que éste es un instrumento «especialmente adecuado» en esta coyuntura. «El encarecimiento de las materias primas importadas supone una pérdida de renta de la economía nacional, cuyo reparto debe ser acordado en el contexto del diálogo social», según el Banco de España, que considera que el acuerdo, «ya sea explícito o tácito (como parece haber ocurrido hasta la fecha)», debe partir de la premisa de que una realimentación entre crecimientos salariales y crecimientos de precios supondría una pérdida de renta debido a la merma de competitividad exterior y llevaría a una caída de las exportaciones.
Sobre la fórmula para el pacto de rentas, el Banco de España insiste en evitar «fórmulas de indiciación automática de los salarios a la inflación pasada o de cláusulas de salvaguardia» y cree conveniente que sea un pacto plurianual en el que se excluyan las referencias a los productos energéticos y se tome la inflación subyacente -más baja que la tasa general-.
Además, subraya el «compromiso empresarial explícito de moderación de márgenes» para limitar la traslación de los aumentos de costes a los precios finales.
RECUPERACIÓN INTENSA DEL EMPLEO
En cuanto a la evolución del mercado de trabajo, el Banco de España resalta que el proceso de recuperación fue «muy intenso a lo largo de 2021, pero ha mostrado alguna señal de menor vigor al inicio de 2022», especialmente a partir de la irrupción de la guerra de Ucrania por culpa de la invasión de Rusia.
Igualmente, valora que se haya superado el nivel de empleo previo a la pandemia, aunque avisa también de que en marzo contrasta la evolución «positiva» de las ramas de servicios favorecidas por la eliminación de las medidas de contención de la pandemia con los desarrollos menos propicios en las ramas manufactureras más afectadas por la incertidumbre generada por la guerra, así como por los cuellos de botella y el encarecimiento de las materias primas.
Además, explica que tras el descenso inicial al comienzo de la pandemia, se ha observado una recuperación reciente de la oferta laboral. «Esta reactivación ha quedado circunscrita a los trabajadores nacionales», puntualiza el Banco, que advierte de que «los flujos migratorios con el exterior están mostrando una recuperación considerablemente más lenta, con lo que se ha abierto una notable brecha con respecto a la tendencia precrisis».
Ante este escenario, hace hincapié en que «la protección de las rentas de los hogares, la preservación de las relaciones laborales y el apoyo a las sociedades no financieras habrían sido efectivos a la hora de facilitar la recuperación del producto y del empleo de la economía». No obstante, matiza que esta valoración positiva «no es obstáculo para reconocer la existencia de grupos de hogares y empresas cuya situación se ha deteriorado con la crisis sanitaria».
FORMACIÓN CONTINUA
Por otra parte, el Banco de España asegura que, en un contexto en el que la sociedad se encuentra inmersa en un intenso proceso de envejecimiento poblacional y, al mismo tiempo, se hace necesario alargar la vida laboral de los trabajadores, «es fundamental una estrategia integral de reciclado de habilidades a lo largo del ciclo vital».
En este sentido, considera que las políticas activas de empleo resultan «imprescindibles» para limitar la pérdida de capital humano que se deriva de episodios de pérdida del empleo. «Es importante diseñar un sistema de políticas activas de empleo eficiente y eficaz», asevera el organismo dirigido por Pablo Hernández de Cos.
PENSIONES
En materia de pensiones, el Banco de España defiende que el compromiso de revalorizarlas con la inflación media interanual calculada en noviembre, como establece la primera fase de la reforma de las pensiones que entró en vigor en enero, «tendrá consecuencias sobre el gasto público en 2022, como resultado de la compensación por la inflación de este año, y en 2023 y años sucesivos, por la consolidación en el importe de las pensiones de la mayor inflación actual».
A su juicio, más allá de la necesidad de completar la reforma del sistema de pensiones, de modo que se decida, con «la mayor brevedad posible acerca de las fuentes de ingresos que han de permitir financiar esos mayores gastos, el mantenimiento del poder de compra de las pensiones plantea algunas cuestiones de equidad en el contexto de la perturbación actual de pérdida de rentas respecto al resto del mundo».
«Por un lado, esas mismas consideraciones de equidad justifican que se garantice el poder adquisitivo para los perceptores de pensiones mínimas. Pero, por otro lado, fuera de este colectivo concreto, el hecho de que haya un grupo de agentes —el conjunto de los pensionistas— a quienes se excluye del ajuste conlleva necesariamente que otros agentes de la economía nacional (los perceptores de rentas del trabajo y del capital) tengan que asumir una parte mayor de esos costes», sostiene este organismo.
Además, afirma que «la estabilidad de la deuda pública en el largo plazo requiere un esfuerzo fiscal que por lo menos compense los gastos asociados a las tendencias demográficas bajo los parámetros vigentes del sistema de pensiones».
