MADRID, 02 (SERVIMEDIA)
El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz-Pache, manifestó este lunes que deben ser las familias y las empresas suministradoras quienes hagan los contratos para acceder a la electricidad, cuando se cumplen tres años desde que se cortó la luz en la Cañada Real.
Díaz-Pache afirmó que el suministro eléctrico no corresponde a la Comunidad de Madrid y que su Ejecutivo «no es competente para proveer de electricidad» a esta zona de la capital que desde hace tres años permanece sin suministro.
Asimismo, explicó que es un problema de «gran complejidad» que afecta desde hace 50 años a Madrid y recordó que se han dado pasos para realojar a 408 familias desde 2018, las últimas 180 a través de un convenio firmado la semana pasada.
Por otro lado, el portavoz se refirió a la imputación por posible prevaricación administrativa de uno de los miembros de la Comisión de la Comunidad de Madrid para la Cañada Real, que derribó una infravivienda a pesar de presuntamente no contar con los permisos necesarios.
Sobre esta causa afirmó que tiene «máximo respeto a la presunción de inocencia» y que esperan que se resuelva «rápido y que las interrogantes se puedan despejar».
CRÍTICA DE VOX Y MÁS MADRID
Desde la oposición la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, lamentó que en el anterior comisionado para resolver este asunto «la mitad de ellos no conocían la Cañada Real» y que solo la habían visitado en coches oficiales. Por ello, declaró que para empezar a resolver el problema de esta zona hace falta «una dosis de realidad», además culpó a la burocracia de dificultar la solución y al Gobierno nacional de «hacer imposible la resolución». Por último, afirmó que hay que dar soluciones de vivienda a las familias y que la respuesta no pasa por «dar suministro a asentamientos ilegales».
GOBIERNO «CRUEL» E «INHUMANO»
El portavoz socialista, Juan Lobato, explicó que es consciente de que a nivel nacional «se han dado pasos en firme», pero que no se ha conseguido que se firme un convenio para resolver el conflicto. Además, subrayó que el problema de la Cañada Real pasa por «dar un proyecto de vida a 9.000 personas» y que hace falta que «todo el mundo reme en la misma dirección», por lo que animó a todas las administraciones implicadas a reunirse para atender al convenio.
La portavoz de Más Madrid, Mónica García, fue la más crítica con la gestión de esta zona marginal de Madrid. Explicó que había estado un día antes en este lugar y que «los vecinos quieren tener contratos de luz y quieren pagar la luz» y aseguró que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, «ha sido capaz de criminalizarles». Además, cargó contra el Gobierno de la comunidad por comportarse como «un Gobierno cruel y como un Gobierno que es inhumano».
