MADRID, 03 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Ministros aprobó este miércoles en primera vuelta un anteproyecto de ley para mejorar la transparencia de la información de las empresas con criterios ESG -medioambientales, sociales y de buen gobierno-, ampliando la aplicación a todas las cotizadas, entidades financieras y pymes.
Así lo explicó la vicepresidenta primera del Gobierno y titular de la cartera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Calviño comentó que saldrá en audiencia pública este proyecto para hacer aportaciones al mismo y que se aprueba para trasponer normativa europea al respecto con el fin de «mejorar la presentación, la comparabilidad y la verificación de la información no financiera de las empresas».
Según detalló el departamento de Calviño en una nota de prensa, se reforman cuatro normas: el Código de Comercio; la Ley de Sociedades de Capital; la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, y su reglamento de desarrollo.
Será obligatoria, entre otras cuestiones, la información sobre el modelo de negocio y estrategia, objetivos, órganos de administración, políticas, procedimientos de diligencia debida, cadena de valor, principales riesgos e indicadores. La información ahora requerida se corresponde casi en su totalidad con lo ya previsto en el estado de información no financiera regulado por ley en 2018, por lo que con este anteproyecto se da una línea de continuidad a la divulgación de información corporativa.
Se amplía el ámbito de aplicación a todas las cotizadas y entidades financieras, así como a las pymes, que contarán con un régimen simplificando. Las micropymes -con activos de menos de 350.000 euros, cifra de negocios menor a 700.000 euros o menos de 10 empleados- quedarán excluidas de estas obligaciones.
En el caso de las pymes, contarán con facilidades como un contenido más reducido, unas normas específicas con las que presentar dicha información y un periodo adicional para prepararse de cara a este nuevo requisito informativo -para estas empresas la entrada en vigor será a partir de 2026-.
Como hasta ahora, la información no financiera se incluirá como una sección específica en el informe de gestión. Además, se obliga a las empresas a preparar el conjunto de la información financiera y de sostenibilidad de acuerdo con un formato electrónico único obligatorio. La información será verificada por un auditor o un prestador independiente de servicios de verificación. España, a diferencia de otros países, ya había incluido la verificación en la ley de 2018.
Las empresas filiales o sucursales establecidas en el territorio de la Unión Europea de empresas de terceros países que tengan actividad relevante en la Unión Europea serán las encargadas de la publicación del informe de sostenibilidad, para garantizar la igualdad de trato con las empresas comunitarias de la empresa del tercer país.
Para asegurar la consistencia y la calidad de la verificación, se establece el control público de la actividad a través del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC).
