MADRID, 14 (SERVIMEDIA)
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, defendió este miércoles la necesidad de crear un Consejo para mejorar la productividad en España, que arrastra un diferencial negativo de 25 puntos con respecto a la media europea, así como el impulso de un Observatorio de beneficios empresariales.
Díaz realizó estas propuestas durante su intervención en unas jornadas organizadas por el diario ‘Cinco Días’ con motivo de su 45 aniversario, donde explicó que la inflación es «una crisis de magnitud» que está afectando a millones de trabajadores y a muchas empresas en el país.
Por ello, sostuvo que se necesita un observatorio «que tenga que ver con el control y vigilancia de los márgenes empresariales». Esta propuesta ha sido ya formulada por CCOO y UGT y recogida por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital que, hasta el momento, no se ha llegado a materializar.
Asimismo, Díaz dijo compartir el planteamiento del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, que, según explicó, «defiende alcanzar un acuerdo de país en el que el control de los márgenes empresariales sea una nueva forma de hacer las cosas en la vida pública». Para ello, se mostró dispuesta a sentarse en una mesa de negociación con sindicatos y patronal para negociar el límite a los beneficios y su impacto en los salarios.
Otra propuesta esbozada por la candidata de Sumar a las elecciones generales del 23 de julio es la creación de un consejo de la productividad, ya que esta arrastra un diferencial negativo de 25 puntos con respecto a la media europea. A su juicio, la productividad «no solo es una cifra macro, sino que es una condición indispensable para el bienestar en nuestro país».
Al hilo, comentó que 19 países europeos cuentan ya con este consejo y criticó que no se haya hecho también en España, pese a ser una propuesta que realizó la UE a España en 2016. «Es una reforma singular y clave»», reforzó Díaz, quien detalló que este consejo debería contar con la participación de sindicatos, patronal y del ámbito del conocimiento (universidades).
DEMOCRACIA EN LAS EMPRESAS
Por otra parte, volvió a plantear su propuesta de realizar «una reforma empresarial» para «llevar la democracia» a las empresas y a millones de trabajadores. «Tenemos que remodelar el marco de las empresas en nuestro país para hacerlas mejores», añadió la vicepresidenta segunda, quien apuntó que «necesitamos empresas de mayor tamaño» y «más comprometidas» con la transición verde y digital.
«Creo que ya hoy en España y en el mundo hablar de reforma laboral no es sinónimo de recortes, sino de más derechos», prosiguió la titular de Trabajo, para asegurar que «ha llegado el momento de que las empresas se pongan en marcha y digan» que asumen el reto de una mayor democracia en su seno para mejorar la economía del país.
Del mismo modo, insistió en realizar una reforma de los ingresos públicos en España, porque «hablar de tributos en España es hablar de la calidad de la educación, de la dependencia, de un compromiso de país».
AUSENCIA DE PROYECTO
En este punto, cargó contra la «ausencia de proyecto» del PP y de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, «cuya única propuesta» es la bajada de impuestos y puede propiciar una situación como la vivida el pasado año en Reino Unido. Eso sí, recordó que durante el Gobierno de Mariano Rajoy, pese a que prometieron bajar impuestos, acometieron más de 30 subidas en los «viernes de dolores», aludiendo al día en que se celebraban las reuniones del Consejo de Ministros de entonces.
Con todo, reconoció que en España «hay injusticia fiscal», poniendo como ejemplo que un pequeño negocio como una peluquería tributa en el impuesto de sociedades al 17,5%, mientras una gran comparación paga el 3,8%. Por este motivo, indicó que la reforma fiscal «no va de subir o bajar impuestos, sino de quién paga impuestos».
Además, sostuvo que se debe «hablar» de fiscalidad verde, transición digital y «fiscalidad feminista», ya que las mujeres tienen «realidades diferentes que tienen que ser abordadas con ingresos públicos en nuestro país».
BALANCE
Antes de desgranar estas propuestas, Díaz, en su alocución, realizó un balance positivo de estos años de Gobierno y puso en valor el «tesón» de su ministerio para llevar a cabo políticas como la reforma laboral, de la que dijo que «se presenta sola» con los datos que ha cosechado, como la reducción de la temporalidad.
Eso sí, la vicepresidenta segunda advirtió de que es «inadmisible» la tasa de temporalidad que hay en el sector público, pese a las sanciones que ya ha recibido España por ello.
Por último, Díaz aprovechó el 45 aniversario de ‘Cinco Días’ para recordar la portada en la que se informaba de que la indemnización por despido llegó a los 45 días por año trabajado.
Al respecto, manifestó que independientemente de que sean 45 o 33 días, tener una indemnización «fija» coloca a España «fuera de la doctrina social europea que emana del marco de la UE», por lo que defendió la necesidad de avanzar hacia un «valor restaurativo» del coste del despido.
