– Muestra su deseo de que se forme Gobierno pero pide al sindicato «estar preparados» por si hay repetición de elecciones
MADRID, 27 (SERVIMEDIA)
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, defendió este viernes que «un Estado no puede aceptar el chantaje de ninguna empresa», en referencia implícita a Repsol, y dijo que le «preocupa extraordinariamente que la patronal pueda ser cómplice» de empresas que amenazan con no invertir en España por aspectos fiscales.
Álvarez hizo estas afirmaciones durante la clausura de unas jornadas sobre negociación colectivas que se celebraron esta semana en la sede central del sindicato en Madrid, donde sin citar a Repsol, sacó a colación esta cuestión después de que la compañía haya asegurado que medidas como el impuesto a las energéticas puede hacer que estudien la posibilidad de acometer nuevas inversiones fuera de España.
Al respecto, criticó que hagan declaraciones de este tipo empresas que se fortalecieron a partir del dinero público o que tienen relación con «problemas medioambientales» de este país.
«ya está bien, que apechuguen con sus responsabilidades. No os preocupéis, no se van a ir. los bancos no se van a ir o Vendrán otros», ironizó Álvarez ante los asistentes, ante quienes defendió que «las empresas energéticas tampoco se van a ir» y «tienen que responder a las necesidades que tiene este país».
De hecho, juzgó que España «no tiene, ni de lejos», un nivel impositivo «alto», sino al contrario, mientras que la banca está registrando los beneficios más altos de su historia y las energéticas los segundos, solo por debajo de los del año pasado.
ESTAR PREPARADOS
En este contexto, el líder de UGT mostró su deseo de que se pueda conformar un nuevo Gobierno entre el PSOE y Sumar para «avanzar en derechos» como la reducción de la jornada laboral y llamó a «trabajar para está preparados», porque los cambios legislativos serán complejos por la aritmética parlamentaria.
Asimismo, apeló a «estar preparados por si vuelve a haber elecciones en nuestro país», dado que «no podemos renunciar a nuestros objetivos, que son consolidar lo que hemos podido avanzar durante estos últimos cuatro años e iniciar una senda que nos permita continuar avanzando».
Precisamente, hizo alusión a las informaciones aparecidas en algunos medios de que la patronal podría estar circulando internamente argumentos relativos a que la reducción de la jornada laboral podría vulnerar los principios constitucionales. Al respecto, señaló que «ahora aparecen los grandes defensores del diálogo social que desaparecieron» cuando el Gobierno del PP aprobó las reformas laborales y de pensiones.
«Pero ahora aparecen y cuestionan que sea constitucional que un Gobierno dirija», remarcó Álvarez, quien reconoció el papel del diálogo social con la CEOE pero precisó que «los avances» se producen también por «la determinación» del Gobierno. De hecho, insistió en la idea deslizada estos días de que la CEOE nunca aceptó negociar en los acuerdos generales de convenios colectivos la reducción del tiempo de trabajo.
En este sentido, auguró que «el efecto que va a tener la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas va a ser extraordinario» para que luego haya convenios que puedan ir más allá. No en vano, anticipó que su sindicato no renuncia a que durante esta legislatura se pueda reducir la jornada incluso a las 35 horas semanales, ya que en países como Alemania se está debatiendo ya sobre las 32.
SE ROMPE ESPAÑA
Además, arremetió contra quienes ante cualquier avance en derechos hablan de que «se rompe España» e ironizó con que «ya no encontraríamos ningún trocito en el mapa» del país, dado que se «rompe» el Estado «cada 10 minutos».
Al hilo, y ya con un tono más severo, el secretario general de UGT alertó de que el país se rompe cuando se pierden derechos, no se cobran salarios o pensiones dignas o cuando no hay empleo.
Finalmente, y como hizo en la apertura de las jornadas de UGT de esta semana, denunció la «campaña grosera de deslegitimación» que se viene dando en los últimos años y reconoció que «lo hemos pagado», aunque lamentó que sobre todo «lo han pagado los trabajadores y trabajadoras», dado que cuanto mayor sea la fortaleza de los sindicatos, más derechos se ganan, y viceversa
